Javier Sanmiguel | Sin servicios públicos, no hay calidad de vida

Javier Sanmiguel | Sin servicios públicos, no hay calidad de vida

Los servicios públicos son el conjunto de actividades esenciales a los que tiene derecho la ciudadanía para disfrutar de una vida digna con independencia de su lugar de residencia y que presta el estado a través de las distintas administraciones atendiendo al interés general, sin fines partidistas. Para esto, la Administración asume el control de ciertos sectores de actividad mediante un acto formal, tanto si ella misma se hace cargo directamente de su gestión, como si se la concede a una empresa privada.

En España, el servicio público surgió a mediados del siglo XIX empujado por las penosas condiciones existentes y que posibilitó el desarrollo de infraestructuras que permitieron el acceso de los ciudadanos a servicios básicos de agua, gas, electricidad, transporte, saneamiento, etc., y que impulsó una sociedad más igualitaria y con mayor calidad de vida. 

En la actualidad, la defensa de los servicios públicos se apoya en nuestra Constitución del 78, en artículos como el 128 de la CE que declara: “se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales …”. 

De este modo, aún reconociendo la libertad de empresa y la economía de mercado, también se habilita para, en caso necesario, excluir del sector privado aquellas actividades económicas consideradas esenciales para la sociedad. Si bien no está perfectamente definido qué abarca este “interés general” y queda contextualizado al momento social y económico, quedando por tanto en constante adaptación. Del mismo modo que la idea de servicio público, si bien implica que el estado se responsabiliza de que la ciudadanía tenga acceso a ese bien, no supone que necesariamente lo gestione directamente y pudiera cederlo a la iniciativa privada.

De hecho, con la influencia neoliberal que se materializa tanto en nuestras leyes como en las de la Unión Europea, la implantación de los sectores liberalizados en el mercado único de libre competencia está suponiendo la retirada del estado en la prestación de estos servicios básicos y transfiriéndolos a las empresas para que, supuestamente, presten unos servicios de calidad a un precio asequible para todos. Aunque si estoquear así, no existiría la pobreza energética o las listas de espera y si queremos un Tres Cantos de calidad, necesitamos servicios públicos de calidad sanidad o la educación no estarían entre los principales problemas que nos preocupan según el CIS.

Precisamente, la Sanidad y la Educación son de los servicios públicos que todavía gozan de una parte pública más sólida. Soportados por una supuesta sólida defensa en nuestra constitución, en artículos como el 27 de la CE donde dice que “todos tienen el derecho a la educación” o “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”; o el 43 de la CE en donde “se reconoce el derecho a la protección de la salud”. Pero claro, como quien hizo la ley hizo la trampa. Estos derechos se desarrollan en leyes y se dotan de partidas presupuestarías. Y así por ejemplo, tenemos leyes como la 15/1997, «sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud” que abre la puerta a la privatización de la sanidad y permite derivar a la privada desde la pública a unos costes muy superiores de modo que con el mismo presupuesto se atienden a menos pacientes.