Fin a los procedimientos de incapacidad judicial

Fin a los procedimientos de incapacidad judicial

La nueva Ley 8/2021, de 2 de junio, que ha entrado en vigor el día 3 de septiembre de 2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, pretende la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. 

Nos encontramos ante un cambio de escenario radical respecto a la legislación anterior, mediante el que se impone un nuevo sistema basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones, prescindiendo de la histórica visión de la incapacitación como proceso de modificación o restricción de la capacidad de obrar. 

El eje sobre el que gira la reforma es el apoyo a la persona con discapacidad que lo precise, quedando desterrados con la nueva regulación los conceptos de incapacitación de quien no se considera suficientemente capaz ni la modificación de una capacidad al entender que la misma es inherente a su condición de persona.

Se eliminan, por tanto, las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, ya que se alejan del fin de la nueva ley, pues son figuras muy rígidas y no adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que se pretende con la nueva regulación.

El nuevo procedimiento de provisión de apoyos conducirá a una resolución judicial que determine los actos concretos para los que la persona con discapacidad requiera el apoyo, pero en ningún caso a la declaración de incapacitación ni a la privación de derechos, sean estos personales, patrimoniales o políticos, lo que supone un gran paso hacia delante de los Derechos de las personas con discapacidad. Es importante destacar que todas las medidas de apoyo adoptadas judicialmente serán revisadas periódicamente en un plazo máximo de tres años, o en casos excepcionales de hasta seis, y en todo caso ante cualquier cambio en la situación de la persona que pueda requerir su modificación.

La nueva normativa mantiene la figura del defensor judicial, prevista para situaciones en que exista conflicto de intereses entre la persona que ejerza la figura de apoyo y la persona con discapacidad o para casos de imposibilidad coyuntural de quien ejerza de forma habitual la figura de apoyo. 

Adquieren especial importancia los poderes y mandatos preventivos, a los que ya hice referencia en los artículos publicados en las Revistas de febrero y marzo de 2020. Ambas modalidades de poderes preventivos se mantendrán vigentes, aun cuando se constituyan otras medidas de apoyo distintas. Han de constituirse en Escritura Pública, es decir, ante Notario.

La figura del guardador de hecho, por su parte, deja de ser una situación provisional para transformarse en otra institución jurídica de apoyo a la persona con discapacidad. Cuando se requiera que el guardador realice una actuación representativa, con la nueva normativa necesitará obtener una autorización judicial, previo examen de las circunstancias.

Por su parte, la curatela pasa a ser primordialmente de naturaleza asistencial y sólo se prevé que de forma excepcional puedan atribuirse al curador funciones representativas.

En Lex&com contamos con abogados expertos en discapacidad, consúltenos su caso.