Ciudadanos Tres Cantos: La educación concertada

El artículo 27 de la Constitución Española consagra el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación reconoce, en su artículo 1, como principio que inspira al sistema educativo español “la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias” y el artículo 108.4 de esta Ley establece que «la prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados», habiendo reconocido anteriormente que la enseñanza concertada es una pieza clave para garantizar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, eludió dar garantías y tranquilidad a las familias que eligen la escuela concertada y remitió a la de Hacienda, María Jesús Montero, en relación con las intenciones del Gobierno para investigar las deducciones por donaciones en el IRPF que hacen los padres que llevan a sus hijos a los centros concertados.

El actual Gobierno de Pedro Sánchez ha dado sobradas muestras de su voracidad recaudatoria. Al margen de las dudas que puedan surgir sobre la eficacia recaudatoria de estas propuestas no cabe duda de que el Gobierno está decidido a subir la presión fiscal antes que ajustar su gasto o mejorar la eficiencia en la gestión pública.

El Gobierno parece decidido a presionar fiscalmente a la clase media y trabajadora también a través de un golpe a la educación concertada, que supone en definitiva un ataque a la educación sostenida con fondos públicos. Según parece la Agencia Tributaria ultima un cambio de interpretación por el cual las cuotas pagadas por los padres con hijos en los colegios concertados no podrían considerarse en ningún caso como donaciones, como si venía ocurriendo en algunos casos hasta la fecha.

Esta incertidumbre fiscal pende sobre más de 1 millón de familias españolas si tenemos en cuenta que España es uno de los países de la UE donde tiene mayor peso los colegios concertados, que suman el 28% de la oferta educativa estatal, más de 2,2 millones de alumnos.

Si estos pagos dejan de ser considerados donaciones, los centros concertados deberán declarar por estos ingresos en el Impuesto de Sociedades. Esto haría aumentar la recaudación fiscal del Estado, pero pondría en riesgo las cuentas del colegio que podrían verse obligadas a un aumento en las cuotas voluntarias que en ocasiones estos centros proponen a las familias. 

Entre las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Ley Educativa (LOMCE) en su artículo 22 bis, punto 3, letra c, recoge expresamente la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada como «instrumento del sistema educativo español para la consecución de sus fines» que debe ser el foro en el que el Gobierno plantea cualquier cambio y mejora de la financiación de la escuela concertada de manera dialogada y evitando la incertidumbre y la inseguridad jurídica.

Actualmente, y según datos del Ministerio de Educación, el coste de un alumno en la escuela concertada permite una optimización de los recursos destinados a todos los centros sostenidos con fondos públicos, permitiendo una mayor calidad de la educación que recibe en global el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias personales o familiares. 

Desde Ciudadanos nos comprometemos a garantizar desde el Gobierno de España, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la disponibilidad de oferta educativa velando por la libertad de elección de las familias y por una máxima calidad en la educación, en particular en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Asegurar la suficiencia de medios y recursos para la educación, pública y concertada, para poder cumplir con este objetivo de calidad.Evitar la inseguridad jurídica y un menoscabo económico a las familias por la aplicación retroactiva de cambios de criterio en torno a la normativa fiscal, y en particular en lo relativo a las deducciones por donaciones a centros de educación concertados. Y a convocar a la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada a la mayor brevedad posible para tratar estos temas y despejar incertidumbres.